La apuesta decidida de las administraciones públicas por la digitalización y simplificación de los trámites ante oficinas de marcas y patentes, como la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), ha marcado un hito en la accesibilidad y economía para los usuarios. Sin embargo, esta modernización, aunque indiscutiblemente ventajosa, ha traído consigo un grave inconveniente: la exposición de los usuarios a sofisticadas estafas y ciberdelitos.
Desde la implementación de plataformas digitales que permiten gestionar solicitudes de forma autónoma, los procesos administrativos se han agilizado significativamente, eliminando barreras económicas y reduciendo los tiempos de espera. Según datos recientes de la OEPM, en 2023, el 70% de las solicitudes de marcas se realizaron a través de su plataforma en línea, representando un aumento del 25% respecto a 2019. Esta tendencia se replica en otras oficinas internacionales, como la Oficina Europea de Patentes (OEP), donde más del 85% de las solicitudes ya se tramitan digitalmente.
Aunque estos avances han democratizado el acceso a los registros de propiedad industrial, beneficiando especialmente a emprendedores y pequeñas empresas, también han incrementado la exposición a riesgos cibernéticos. En el último año, se registraron más de 1.500 intentos de fraude documentados en Europa relacionados con marcas y patentes, según la Asociación Internacional de Propiedad Intelectual (AIPPI).
El cibercrimen se reinventa
En este nuevo entorno, los estafadores han aprovechado la facilidad de acceso a datos públicos y la falta de conocimientos técnicos de los solicitantes para lanzar ataques dirigidos. Utilizando inteligencia artificial, estas redes son capaces de generar correos electrónicos fraudulentos que simulan ser comunicaciones oficiales.
Según el informe de ciberseguridad de la UE de 2024, el 57% de las estafas digitales en el ámbito de la propiedad industrial implican correos electrónicos fraudulentos dirigidos a titulares de marcas recientes. Estos correos suelen incluir títulos de propiedad falsificados o solicitudes de pago ilegítimas y se distribuyen de manera masiva en cuestión de minutos, con un nivel de personalización que dificulta su detección.
Además, la inteligencia artificial ha permitido a los ciberdelincuentes automatizar la recopilación y análisis de datos sensibles de las bases públicas de marcas y patentes. En 2024, se estima que más del 30% de los ciberataques dirigidos a usuarios del sistema de propiedad industrial utilizaron herramientas de IA para diseñar ataques más efectivos.
¿El precio de la accesibilidad?
Una de las principales preocupaciones radica en el acceso anónimo a información pública y en la eliminación, en muchos casos, de la intervención de agentes oficiales de la propiedad industrial. Estos profesionales titulados, cuya labor es velar por los intereses del titular de la solicitud, han sido en parte desplazados por la autogestión promovida por la administración.
Las estadísticas demuestran que los solicitantes sin representación profesional son los más afectados. Según un estudio realizado por la AIPPI, el 75% de las víctimas de fraude en el ámbito de las marcas y patentes actuaban sin asesoramiento profesional.
Este dato subraya la importancia de distinguir entre agentes oficiales titulados y representantes no acreditados, cuya experiencia y capacidades pueden no ser suficientes para prevenir estos ataques.
Un equilibrio necesario
Si bien la simplificación de los trámites digitales ha sido un logro importante, el aumento de las amenazas de ciberseguridad pone de manifiesto la necesidad de reforzar los sistemas de protección y asesoramiento para los usuarios.
La intervención de agentes oficiales de la propiedad industrial no solo garantiza una correcta gestión administrativa, sino que actúa como una barrera clave contra este tipo de fraudes.
La confianza en las plataformas digitales debe ir acompañada de educación y concienciación sobre los riesgos asociados. Asimismo, resulta imperativo que las administraciones adopten medidas más estrictas para limitar el acceso indiscriminado a datos sensibles y fomentar el uso de servicios profesionales acreditados.
En un panorama donde las estafas son cada vez más audaces y difíciles de detectar, el equilibrio entre accesibilidad y seguridad será crucial para proteger los intereses de los titulares y mantener la confianza en el sistema. La digitalización debe seguir siendo un avance, pero no a expensas de la seguridad de quienes confían en ella.
En Marqués & Ferrer, contamos con amplia experiencia en la gestión y asesoramiento para el registro de marcas. Nuestro equipo de profesionales está preparado para guiarte en la selección adecuada de las clases que maximicen la protección de tu marca en el mercado.
Si deseas más información, no dudes en contactarnos. ¿Empezamos?